Un 11% de los aspirantes a la Asamblea Nacional han sido investigados por delitos como estafa, concusión, venta de cargos públicos, abuso de confianza, entre otros.

236 candidatos han tenido procesos judiciales desde 2014, cuando entró en vigencia el Código Integral Penal. Varios de estos procesos fueron archivados, pero algunos aspirantes lograron frenar sus juicios al inscribirse en la contienda electoral. Según el Código de la Democracia, los candidatos no pueden ser procesados penalmente durante la campaña, salvo en casos de delito flagrante.

El panorama se complica con el aspecto tributario, ya que 733 candidatos no han presentado su declaración de impuestos en al menos una ocasión entre 2017 y 2023. Además, 153 mantienen deudas con el SRI, y 27 de ellos deben más de USD 300 según una consulta realizada el 17 de enero de 2025.

Entre los aspirantes con mayores deudas se encuentra el exfutbolista Frickson Erazo, quien adeuda más de USD 42.000. La Revolución Ciudadana es la organización con más candidatos con procesos penales (24), seguida de SUMA (23) y ADN (20).

En Zamora Chinchipe, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas hay mayor porcentaje de candidatos con antecedentes judiciales. En el otro extremo, en Azuay, Napo y Sucumbíos el porcentaje es menor al 5%.

El proceso electoral de 2025 tiene un récord de candidatos: 2.089 aspirantes buscan una curul en la Asamblea Nacional. Los partidos con más presencia en el país son ADN, RC y CREO, con listas en casi todas las jurisdicciones. Las elecciones legislativas definirán la nueva composición del Parlamento ecuatoriano el próximo 9 de febrero.

Fuente: Investigación realizada por Fundamedios y 38 periodistas en colaboración con PRIMICIAS y otros medios.