En la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otras formas de delincuencia económica, la recuperación de los bienes de origen ilícito o injustificado juega un papel fundamental. En nuestro contexto, la adquisición del titularato de estos bienes por parte del Estado es una medida clave para fortalecer el estado de derecho, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas. A continuación, la décimo primera pregunta (casillero K) del Referéndum y Consulta Popular 2024.

(DECRETO EJECUTIVO No. 162)

Casillero K: ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?

La necesidad de que los bienes incautados pasen a manos del Estado se presenta como una medida esencial para agilizar y fortalecer los procesos de la ley de dominio en Ecuador. Enfrentando desafíos en la recuperación y gestión de activos vinculados a actividades ilícitas, la transferencia de estos bienes a la jurisdicción estatal se erige como un paso fundamental para optimizar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y otras formas de delincuencia.

La adquisición del titularato de los bienes de origen ilícito o injustificado es una estrategia efectiva para combatir la corrupción y el lavado de activos. Al confiscar los activos obtenidos de manera ilegal, se desincentiva la comisión de actos ilícitos y se reduce la impunidad de los infractores. Además, se priva a los delincuentes de los beneficios económicos derivados de sus actividades criminales, contribuyendo así a la recuperación de recursos para el Estado y la sociedad. La adquisición del titularato de los bienes de origen ilícito o injustificado también promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. Al hacer públicos los procesos de recuperación de activos y la gestión de los recursos confiscados, se fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales y se fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.

Sin embargo, la adquisición del titularato de los bienes de origen ilícito o injustificado enfrenta diversos desafíos en su implementación. Se requiere de mecanismos efectivos para identificar, confiscar y administrar los activos provenientes de actividades ilícitas, así como de una legislación clara y robusta que respalde estas acciones. Además, es necesario fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la coordinación entre las diferentes entidades involucradas en la gestión de activos confiscados.

La adquisición del titularato de los bienes de origen ilícito o injustificado tiene importantes implicaciones y beneficios para el Estado ecuatoriano y la sociedad en su conjunto. Al recuperar recursos económicos para el Estado, se pueden destinar fondos adicionales para programas sociales, inversión en infraestructura y otras iniciativas que promuevan el desarrollo y el bienestar de la población. Además, se envía un claro mensaje de que la corrupción y el enriquecimiento ilícito no serán tolerados, fortaleciendo así el estado de derecho y la democracia en el país.

En conclusión, la adquisición del titularato de los bienes de origen ilícito o injustificado por parte del Estado ecuatoriano es una medida esencial para combatir la corrupción, promover la transparencia y garantizar la rendición de cuentas. A través de una gestión eficiente y transparente de los activos confiscados, se contribuye al fortalecimiento del estado de derecho y se fomenta una cultura de integridad y responsabilidad en el ejercicio del poder público. Sin embargo, su implementación exitosa requiere de un compromiso firme por parte de las autoridades y la sociedad en su conjunto, así como de una legislación adecuada y mecanismos efectivos de coordinación y control.