En un intento de asegurar la sostenibilidad económica antes del cambio de Gobierno en diciembre, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, tomó medidas drásticas el 23 de octubre. Ha dispuesto la suspensión de horas suplementarias y extraordinarias para los trabajadores vinculados al Presupuesto General del Estado (PGE) durante el último trimestre de 2023.

Esta decisión afecta a múltiples entidades del sector público, desde las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial hasta organismos autónomos como alcaldías y prefecturas. Además, se extiende a organismos estatales, empresas públicas y entidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

La circular del Gobierno de Guillermo Lasso enfatiza en la necesidad de "precautelar el uso eficiente de los recursos disponibles" en el periodo de transición gubernamental. Es importante destacar que el gasto en salarios representa un considerable 36% de todos los egresos presupuestados para 2023.