El gobierno de Daniel Noboa buscó reactivar artículos de las leyes urgentes anuladas por la Corte Constitucional y llevarlos a trámites ordinarios. En ese marco, el ministro del Interior, John Reimberg, asistió el 6 de octubre de 2025 a la Comisión de Relaciones Internacionales. La discusión se enfocó en ajustar la Ley de Movilidad Humana para acotar la llamada “ciudadanía universal”. El objetivo declarado fue facilitar deportaciones, expulsiones e impedimentos de ingreso a extranjeros con delitos o antecedentes.

Reimberg afirmó que la normativa vigente se había vuelto una “camisa de fuerza” para el Estado. Llegó con el comandante de la Policía, Pablo Dávila, y entregó un paquete de cambios para el segundo debate. El plan elevó de tres a diez años la prohibición de retorno para personas expulsadas. También castigó con dos años de veto el incumplimiento de la salida voluntaria. En escenarios de amenaza, planteó que las apelaciones de expulsión no tuvieran efecto suspensivo. Propuso crear centros de acogida temporal para asegurar la deportación. Añadió una deportación expedita en 24 horas cuando existieran riesgos.

Exigió que quienes ingresaran por vía aérea mostraran su boleto de salida. Sugirió multas a quienes contrataran a extranjeros sin autorización previa de las autoridades. El paquete incluyó sanciones a aerolíneas que no reembarcaran inadmitidos o que embarcaran pasajeros sin documentos válidos. “Parecen medidas simples, pero cambian la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas”, recalcó. Revolución Ciudadana rechazó que ADN trajera de vuelta estos temas en la reforma.

La presidenta de la mesa, Lucía Jaramillo, sostuvo que la CC observó la forma del trámite y que la Asamblea podía volver a tratar el fondo. La comisión aseguró que escucharían a todos los actores y que el proceso sería transparente. Además, se analizó exigir certificado de antecedentes penales para la visa de ingreso a Ecuador. Esa visa sería revocada si la persona cometía cualquier delito en territorio ecuatoriano.