En la Asamblea se vivió un acuerdo inesperado entre ADN y Revolución Ciudadana el 9 de diciembre de 2025. El Pleno trató en primer debate reformas a la Ley Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Estas reformas nacieron por disposición de la Corte Constitucional tras el caso Furukawa. El texto llegó debilitado desde la Comisión de Relaciones Internacionales, donde ADN y aliados habían impulsado el archivo. En el debate, el oficialista Xavier Ordóñez declaró que el proyecto era inconveniente. Alegó que invadía competencias del Ejecutivo y creaba obligaciones presupuestarias sin financiamiento. Recordó que la propuesta fue presentada el 7 de mayo de 2025 por la correísta Paola Cabezas. Ordóñez afirmó que encontró confusión normativa en varios puntos. Añadió que el documento priorizaba control y descuidaba atención a migrantes y la articulación con Salud, MIES, vivienda y empleo. Con ese marco, mocionó el archivo del proyecto. Paola Cabezas replicó que el cierre respondería a una decisión política contra su bancada. Señaló que la iniciativa buscaba beneficiar a las víctimas y enviaba un mensaje duro si se la enterraba. RC defendió que el proyecto no generaba nuevos gastos ni choques con otras leyes. En medio del intercambio, Cabezas conversó brevemente con Ordóñez en el hemiciclo. Luego, Ordóñez sostuvo que el reparo era de fondo y no por el origen de la propuesta. De inmediato pidió algo inusual: que ADN se abstuviera de apoyar su propio archivo. Anunció que tomarían la rienda para corregir el texto y que la ley realmente sirviera. El giro surtió efecto y 80 legisladores de ADN y aliados se abstuvieron en la votación. Con 67 votos en contra del archivo, de RC, Pachakutik y PSC, el proyecto se salvó y volvió a la Comisión. ADN advirtió que el retorno no garantizaba aprobación y RC habló de un gesto de madurez para trabajar financiamiento y ajustes.