Este miércoles 4 de marzo de 2026, el Gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García. La medida incluyó a todo el personal diplomático cubano acreditado en Quito. A la misión se le dio 48 horas para salir del país desde esa fecha. Al mismo tiempo, Ecuador ordenó el retorno de su embajador en La Habana, José María Borja. Analistas interpretaron el doble movimiento como una ruptura práctica de los vínculos formales, aunque no se anunció un rompimiento total. La Cancillería dijo que actuó amparada en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. En el anuncio oficial no se detallaron públicamente los motivos. El episodio ocurrió en medio de tensiones regionales. También se dio a pocos días de una cumbre en Estados Unidos a la que Noboa tenía previsto asistir. Desde La Habana, el Gobierno cubano rechazó la expulsión y la calificó de “arbitraria e injustificada”. Las autoridades cubanas advirtieron que el gesto dañó una relación histórica de amistad entre pueblos. También lamentaron que Ecuador no expusiera argumentos oficiales para explicar la decisión. Este choque con Cuba se sumó a otros frentes difíciles que Ecuador atravesó durante la presidencia de Daniel Noboa. Uno de los más largos fue la ruptura con México tras el ingreso de fuerzas ecuatorianas a la embajada mexicana en Quito el 5 de abril de 2024. En esa operación se capturó al exvicepresidente Jorge Glas, quien estaba asilado en la sede diplomática. México respondió rompiendo relaciones y mantuvo una postura dura durante la administración de Noboa. En esos días, Venezuela anunció el cierre de sus embajadas y consulados en Guayaquil y Quito como reacción al caso. La tensión con México siguió en 2025 cuando la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no restablecería vínculos mientras Noboa permanezca en el poder. En 2026, además, surgió un conflicto comercial con Colombia por la “tasa de seguridad” del 30% a importaciones colombianas y la respuesta de Bogotá con un arancel similar. Luego Quito elevó el arancel a mercancías colombianas al 50%, y gremios y transportistas alertaron por impactos en comercio, empleo y logística fronteriza.