El debate por los despidos de personal médico encendió las alertas en Ecuador. El Ministerio de Salud Pública aseguró que la medida responde a un análisis integral de la distribución del talento humano. Según la entidad, se detectaron duplicidad de funciones y otras situaciones que no aportaban a los objetivos institucionales. El Gobierno sostiene que el proceso busca fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Pero expertos y dirigentes gremiales rechazan esa explicación. Ellos creen que la decisión puede empeorar los servicios y agravar la crisis sanitaria que arrastra el país. Alberto Narváez Olalla, de la Unión de Organizaciones de Defensa del IESS, cuestionó los criterios usados para aplicar los recortes. Dijo que el primer nivel de atención tiene problemas graves y que una parte de la población termina yendo a hospitales que ya están colapsados. También criticó que decisiones sobre salud sean tomadas por perfiles que, según él, no conocen el trabajo diario en hospitales. Narváez señaló que se usan parámetros que obligan a atender pacientes en tiempos muy reducidos. A su criterio, eso no refleja la realidad de enfermedades complejas ni de consultas que requieren más tiempo. Por eso considera que se está construyendo una idea equivocada de que sobran médicos. Además, advirtió que menos personal puede llevar a más errores por la carga laboral y por la falta de apoyo de enfermeras y auxiliares. Otro temor es que aumente el gasto de bolsillo de las familias. Esto ocurriría porque muchas personas tendrían que buscar atención en el sector privado. Germán Rodas Chaves, de la Comisión Nacional Anticorrupción, dijo que el país necesita una autoridad sanitaria con conocimiento real del área. Juan Pasquel, presidente del Colegio Médico de Pichincha, fue directo al pedir la cancelación inmediata del plan de despidos. También exigió diálogo técnico con los gremios, transparencia en el uso de recursos y preparación ante el Fenómeno de El Niño. Pasquel afirmó que en Imbabura fueron despedidos 32 profesionales, entre ellos seis médicos, y en Pichincha 162, incluidos 32 galenos. Su preocupación crece porque varios de los desvinculados trabajaban en subcentros y atendían a zonas rurales y urbano marginales.