La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionó la tarde del jueves 19 de marzo de 2026 para dar seguimiento a las entidades municipales encargadas del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. La sesión 045 se realizó en cumplimiento de una disposición del pleno emitida el 2 de diciembre. En la mesa se analizaron cuestionamientos por presuntas emisiones irregulares de matrículas. Estas irregularidades podrían estar vinculadas a grupos de delincuencia organizada. Luis Villacrés, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, participó en la sesión. El funcionario dijo que lleva un mes y medio en el cargo. También afirmó que en ese tiempo encontró hechos sorprendentes dentro de la institución. Según explicó, se conformó un equipo de trabajo con 20 directores para enfrentar los problemas detectados. Villacrés reconoció que el sistema de la ANT no garantiza por completo los estándares de seguridad requeridos. Por ese motivo, la entidad contrató una auditoría de ciberseguridad. La revisión buscará detectar vulnerabilidades, revisar procesos y fortalecer protocolos de protección. El director también señaló que una debilidad importante está en que la matriculación no se realiza directamente en el sistema central. Esa competencia está en manos de los gobiernos autónomos descentralizados. A su criterio, eso genera riesgos adicionales en el control y en la trazabilidad de los procesos. Villacrés recordó que hace una década la revisión vehicular fue transferida de forma acelerada a los GAD. Añadió que muchos municipios recibieron esa competencia sin suficiente sustento técnico. Explicó que en algunos cantones el parque automotor era reducido y no alcanzaba para cubrir las inversiones necesarias. Esa realidad habría empujado a captar usuarios de otros cantones. Según dijo, ahí se abrió espacio para varias de las irregularidades que ahora están bajo investigación. Myriam Zarzosa, del Consejo Nacional de Competencias, aclaró que en Ecuador no existe la reversión de competencias, aunque sostuvo que una reforma a la Ley de Tránsito sí podría permitir que el Estado asuma la revisión técnica vehicular.