La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su equipo legal sostiene que la prisión preventiva en su contra tendría fines políticos. En el documento entregado a la CIDH, los abogados describen un escenario de aislamiento extremo. Aseguran que el alcalde enfrenta restricciones en las visitas. También señalan límites para su comunicación con el exterior. Según la defensa, hay trabas en el acceso a servicios básicos. Los abogados consideran que esta situación le impide ejercer el cargo para el que fue elegido. Por esa razón, afirman que se estaría dando una destitución de facto. Ante ese panorama, pidieron medidas cautelares internacionales. El caso vuelve a mover el tablero político y judicial en Guayaquil.

Álvarez permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Fue trasladado a ese centro tras su detención del 10 de febrero. Ese arresto ocurrió dentro de una investigación por presunto lavado de dinero y defraudación tributaria. El proceso es conocido como caso Goleada. Más adelante, un tribunal revocó la orden de prisión preventiva en esa causa. La decisión se dio al considerar que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes. El fallo indicó que no se establecía la existencia del delito. También señaló que no se probaba la probable participación de los procesados. Pese a eso, el alcalde sigue privado de libertad por otras causas judiciales. Entre ellas están el caso Triple A y otro proceso relacionado con no usar grillete electrónico antes de su encarcelamiento.