El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió fiscalizar a Pabel Muñoz por la compra de 60 trolebuses eléctricos para Quito. La decisión se adoptó este martes 20 de enero de 2026 con 79 votos afirmativos. Con esto se activó el control político desde la Función Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana quedó encargada de un proceso integral de fiscalización. El seguimiento incluyó a las autoridades de las empresas públicas metropolitanas involucradas en la adquisición. La resolución dispuso remitir el documento al Concejo Metropolitano y al Alcalde para los fines legales correspondientes. El Pleno recordó que la Constitución otorga atribuciones de fiscalización y control político a la Asamblea. También precisó que la revisión se limitó a decisiones administrativas y contractuales del ámbito municipal. Durante el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez sustentó la iniciativa con informes de la Contraloría. Según expuso, esos documentos mencionaron indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares. El proceso de compra se calculó en alrededor de 35 millones de dólares. Ordóñez enfatizó que la fiscalización buscó revisar el modelo de contratación que usa recursos estatales. Además explicó que la medida no apuntó a una sanción personal contra el alcalde. El foco se centró en la forma en que la administración municipal condujo la contratación. En la discusión se reiteró que el control respetó competencias de otras funciones del Estado. Se pidió que la Comisión recoja versiones y documentación de todos los actores involucrados. Los legisladores Luigi García y Adrián Castro señalaron que las compras públicas debían ser transparentes y responsables. Advirtieron que se trataba de dinero que proviene de impuestos y contribuciones ciudadanas. Ambos insistieron en evaluar la gestión municipal bajo la conducción del alcalde. Con esta hoja de ruta, la Asamblea dejó en marcha la revisión de la compra de los trolebuses nuevos para la capital.