La Asamblea Nacional aprobó este martes 26 de agosto la Ley de Transparencia Social con 78 votos a favor, en medio de fuertes acusaciones, reclamos de la oposición y señalamientos de control político. La normativa fue enviada con carácter económico urgente por el presidente Daniel Noboa y establece que todas las fundaciones y ONG deberán registrarse en un Sistema Unificado de Información, con datos jurídicos, financieros y operativos disponibles al público. Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) será la encargada de supervisar a estas organizaciones bajo un modelo de control basado en riesgos. El oficialismo defendió la ley asegurando que busca frenar el lavado de activos y el financiamiento de economías criminales, recordando que el sector mueve cerca de USD 30.000 millones al año. Pero la oposición, encabezada por la Revolución Ciudadana y el PSC, denunció que en el segundo debate se incluyeron reformas de última hora sin análisis adecuado. Uno de los puntos más polémicos fue la disposición transitoria que condona deudas al IESS, medida que, según críticos, podría ser inconstitucional y favorecer a grupos privados. Expertos también advierten que las nuevas exigencias administrativas pueden afectar sobre todo a fundaciones pequeñas y comunitarias que no tienen la misma capacidad que las grandes ONG con financiamiento internacional. Analistas señalan que la ley podría terminar limitando la participación ciudadana en proyectos de base social. El oficialismo, en cambio, insiste en que es una herramienta clave para dar trazabilidad al dinero y blindar al país de redes ilícitas. La aprobación de esta norma ocurre en un contexto político tenso, con un Gobierno que enfrenta crisis de seguridad y necesita mayor control estatal. El futuro de la ley dependerá de su aplicación práctica: para unos será un escudo contra el lavado de activos, para otros, un golpe a la libertad de asociación y al trabajo comunitario.