La Asamblea Nacional aprobó este miércoles 16 de abril de 2026 la Ley Orgánica de Educación Financiera con 88 votos a favor. La nueva norma convierte a la educación financiera en una materia obligatoria y transversal en todo el sistema educativo nacional. La propuesta recibió respaldo del oficialismo y de otras bancadas. En cambio, la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra. La ley plantea que los estudiantes aprendan a manejar el dinero desde edades tempranas. Esta formación se aplicará de manera progresiva desde la educación inicial hasta la educación superior. La medida también incluirá al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la etnoeducación y a jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa. El Ministerio de Educación y los entes rectores de la política monetaria deberán diseñar estrategias nacionales con contenidos prácticos. La idea es enseñar a distinguir entre una inversión útil, un gasto innecesario y un crédito perjudicial. Uno de los puntos que más llama la atención es que la ley también apunta a las estafas digitales. Por eso, se incluirá capacitación para prevenir fraudes electrónicos y proteger los datos personales. Además, se enseñará a reconocer riesgos ligados a plataformas digitales y a herramientas de Inteligencia Artificial. La norma también abre espacio para la educación financiera fuera de las aulas. En el ámbito no formal, habrá programas obligatorios y gratuitos dirigidos a emprendedores, migrantes, zonas rurales y grupos de atención prioritaria. Estos talleres deberán ser impartidos por entidades financieras públicas y privadas al menos una vez al año. La meta es que más personas puedan tomar decisiones seguras con su dinero y hacer crecer sus negocios con mejor información. La ley también introduce cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y al Código Orgánico Monetario y Financiero. Tras su aprobación en el Legislativo, la aplicación será progresiva. Además, el reglamento deberá emitirse en un plazo máximo de 90 días. La política pública será evaluada cada tres años para medir su impacto en la economía de los hogares ecuatorianos.