El martes 20 de agosto de 2024, los asambleístas del Azuay presentaron nuevos elementos que podrían agravar las denuncias de presuntas irregularidades en la dirigencia del sindicato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Los legisladores, quienes han llevado estas acusaciones a la Fiscalía, revelaron un informe que detalla prácticas sospechosas y posibles actos de corrupción en el manejo de los recursos de los trabajadores afiliados.

El informe expone que, durante años, los trabajadores de la Seguridad Social, que operan bajo el Código de Trabajo, fueron obligados a pagar USD 90 anuales para cursos de capacitación semestrales. Estos cursos, impuestos por el sindicato, eran presentados como un requisito para el escalafón y futuros ascensos, pero nunca fueron considerados para tales fines. La investigación señala que esta práctica afectó a más de 5,000 empleados del IESS cada año.

Lo más alarmante del informe es que el dinero recaudado por estos cursos no fue depositado en las cuentas del sindicato, sino en cuentas privadas, lo que sugiere un desvío de fondos. Los asambleístas también descubrieron que algunas de las capacitaciones fueron impartidas por universidades de prestigio a un costo mucho menor que el exigido por el sindicato, mientras que otras fueron ofrecidas por instituciones no acreditadas en Ecuador, lo que aumenta las sospechas sobre la legitimidad de estos programas.

El escándalo se profundiza con la revelación de nuevos detalles sobre la secretaria general del sindicato, Rosa Argudo, y sus familiares. Los asambleístas rastrearon la propiedad del hotel San Antonio en Cuenca, descubriendo que en 2006 fue adquirido por Argudo y su esposo, Abel Terreros, por USD 120,000. Sin embargo, en 2017, la propiedad fue vendida a Juan José Cordero, exyerno de Argudo, quien un año después la revendió a la Confederación de Trabajadores de la Seguridad Social, dirigida por Argudo, por un exorbitante monto de USD 750,000. Esta transacción ha levantado serias dudas sobre su legitimidad y ha sido señalada como una posible maniobra de enriquecimiento ilícito.

El informe también revela que las prácticas cuestionables no se limitaron a Cuenca. Existen denuncias de nepotismo y contratación de familiares de dirigentes en hospitales de Loja y Quito, lo que sugiere un patrón de corrupción más amplio dentro del sindicato.

Las denuncias presentadas por los asambleístas del Azuay amplían el alcance de la investigación, que ahora no solo se centra en la administración de los fondos del sindicato, sino también en posibles actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Las autoridades judiciales deberán determinar si existen fundamentos para procesar a los involucrados y esclarecer el destino de los fondos presuntamente desviados.

Mientras tanto, los trabajadores del IESS y la ciudadanía en general esperan una pronta y exhaustiva investigación que ponga fin a estas prácticas y restablezca la confianza en las instituciones encargadas de velar por la seguridad social del país.