Los estallidos del 14 y 15 de octubre en Guayas reavivaron la tensión entre la Asamblea y la Corte Constitucional. La bancada oficialista ADN empuja un dictamen inmediato sobre la Ley de Inteligencia. Afirma que con la norma vigente se habría evitado el ataque del martes en Guayaquil. Ese hecho dejó un fallecido y heridos cerca de un centro comercial. ADN recuerda que la ley fue aprobada el 10 de junio de 2025. Desde inicios de agosto, doce artículos están suspendidos por medidas cautelares. La Corte admitió varias demandas por supuestas inconstitucionalidades. Hubo audiencia el 1 de septiembre y el fallo todavía no llega. La coordinadora Mishel Mancheno encabezó el pronunciamiento del bloque. El asambleísta Andrés Castillo anunció más escritos para presionar una respuesta. Dijo que no quieren que el caso se quede en observaciones de forma. Entre los artículos frenados está el de gastos especiales y la incineración de respaldos. También la doble identidad para agentes de inteligencia. Se pararon los pedidos de datos a operadoras sin orden judicial. Igualmente quedó suspendida la interceptación de documentos o comunicaciones sin autorización de un juez. El oficialismo sostiene que esa herramienta habría permitido interceptar llamadas de los autores. La Corte defendió la cautelar por riesgo a la intimidad y a los datos personales. Mencionó además la inviolabilidad de la correspondencia, el acceso a la información pública y el debido proceso. Mientras tanto, en la Asamblea se anunció el inicio de una investigación por los atentados. Dos leyes urgentes distintas ya fueron tumbadas el 26 de septiembre y la expectativa por esta causa crece.