Audiencia del caso Triple A sigue en Quito Norte


ARCH, Petroecuador y Fiscalía presentaron acusaciones por presunta distribución ilegal de combustible.
El juez Renán Andrade instaló el sexto día de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Triple A en el Complejo Judicial Quito Norte, tras 23 días de suspensión por varios motivos, incluyendo temas procesales y de agenda. La diligencia se reinició la mañana del 16 de julio de 2025, con presencia de fiscales, abogados defensores y acusadores particulares. Carlos Alarcón, fiscal del caso, encabezó la reinstalación de la audiencia intermedia. ARCH y Petroecuador, como acusadores particulares, presentaron su acusación contra 16 personas y seis empresas vinculadas. La Fiscalía ya había solicitado al juez que llame a juicio a los procesados por distribución ilegal de hidrocarburos. Este delito está tipificado con penas que pueden llegar hasta cinco años de prisión. ARCH centró sus argumentos en supuestas irregularidades en la distribución y comercialización del combustible. Petroecuador destacó posibles daños económicos y logísticos al Estado. Luego será turno de los abogados de los 22 procesados para presentar su defensa y tratar de evitar el llamamiento a juicio. Las defensas argumentarán que no existe suficiente evidencia para sostener las acusaciones. A su vez, los defensores solicitarán el archivo o el cierre del caso en esta etapa. El juez Andrade también deberá revisar las medidas cautelares vigentes sobre el alcalde Aquiles Álvarez y Raúl Orellana antes de concluir la audiencia. Álvarez, a través de su abogado Ramiro García, pedirá el levantamiento del grillete electrónico aduciendo una condición médica. El Ministerio Público, en cambio, insiste en mantener la prisión preventiva por incumplimiento de las garantías procesales. El fiscal Alarcón advirtió que la Fiscalía vigilará que las medidas cautelares se cumplan. Las partes coincidieron en que la audiencia podría extenderse varias jornadas más. Se espera que luego de las exposiciones, el juez decida si da paso al juicio oral en contra de los procesados. La resolución de Andrade podría definir el futuro jurídico de todos los involucrados en las próximas semanas. La expectativa está puesta en el fallo sobre medidas cautelares, clave para el desarrollo del proceso.
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