Las protestas en Bolivia ya entraron en su segunda semana y el ambiente en La Paz es cada vez más tenso. Las calles del centro de la capital se han convertido en escenario de enfrentamientos entre manifestantes y policías. Este es el momento más difícil para Rodrigo Paz Pereira en sus primeros seis meses de gobierno. El mandatario llegó al poder en noviembre y puso fin a casi 20 años de control del Movimiento al Socialismo. En medio de la presión, anunció una remodelación de su gabinete. También dijo que no dialogará con quienes participen en actos violentos. A la vez, prometió crear un consejo para incluir a indígenas, agricultores, mineros y trabajadores en la toma de decisiones. Las protestas ya dejan cuatro muertos, decenas de heridos y más de 40 bloqueos de carreteras. Según el reporte, una persona murió en los choques y otras tres habrían fallecido por no recibir atención médica a tiempo. Todo esto ocurre mientras Bolivia atraviesa una fuerte crisis económica, con falta de dólares, escasez de combustible e inflación en aumento.

La tensión también escaló fuera de las calles y pasó al terreno diplomático. Estados Unidos calificó las protestas como un “golpe de Estado en curso” contra el gobierno boliviano. Christopher Landau lanzó esa advertencia desde Washington y Marco Rubio repitió el respaldo al gobierno constitucional de Bolivia. Al mismo tiempo, Paz Pereira ordenó la expulsión inmediata de la embajadora de Colombia en La Paz. La medida fue una respuesta a comentarios del presidente Gustavo Petro, quien llamó al mandatario boliviano “marioneta de Estados Unidos”. Petro también dijo que Bolivia vive una insurrección popular y luego afirmó que el país estaba cayendo en el extremismo. En paralelo, el gobierno boliviano sostiene que Evo Morales estaría alimentando los disturbios para evitar su juicio. El exmandatario sigue en Chapare, donde sus seguidores impiden que se cumpla una orden de arresto en su contra. Morales rechaza esa acusación y asegura que las protestas son una respuesta al modelo neoliberal y al caso del combustible adulterado. Con este escenario, Bolivia enfrenta una crisis que mezcla bronca social, choque político y presión internacional.