Ecuador enfrenta un nuevo desafío en su sistema penitenciario: la negativa de nueve reclusos a participar en la toma de muestras genéticas, parte de un innovador censo carcelario. El programa, que busca actualizar la información de reclusos en 16 cárceles, incluye la recopilación de datos genéticos para mejorar la seguridad y resolver crímenes.

El proceso, dividido en dos fases, comenzó tras la violencia generada por mafias criminales en 2023, que había impedido un registro adecuado de los presos. La primera fase incluye la verificación de identidades, fotografías de tatuajes o cicatrices, y registro de iris y huellas dactilares. Toda esta información se procesará en el SIP.

Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, recuerda cómo la falta de control permitió situaciones como la fuga de alias Fito, descubierta tardíamente debido a la falta de acceso a los pabellones. Este nuevo censo busca evitar que la historia se repita.

La segunda fase del censo incluye la toma de muestras genéticas. Milton Zárate, director del Servicio de Medicina Legal, asegura que es legal, siempre que se cuente con el consentimiento informado de los internos. Hasta el momento, nueve reclusos han rechazado someterse a este procedimiento.

La situación plantea interrogantes sobre los límites entre seguridad penitenciaria y derechos humanos. El Sistema de Rehabilitación Social, junto con la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública, trabaja para garantizar la transparencia y respeto en el proceso.