La tranquilidad en la Penitenciaría del Litoral se rompió este martes, 12 de noviembre, tras un enfrentamiento mortal que dejó 17 presos fallecidos, dos de ellos desmembrados. La madrugada se llenó de detonaciones en la vía a Daule, alarmando a los vecinos y desatando una serie de operativos policiales y militares.

El enfrentamiento ocurrió en el pabellón 3, donde conviven integrantes de las bandas criminales Los Duendes, Mafia 18, Freddy Cruger y Trébol Killer. Según reportes de inteligencia, el conflicto principal fue entre Los Duendes y los miembros de Freddy Cruger, liderados por alias Cuyuyuy. Entre los fallecidos está el padre de este cabecilla, quien cumplía una pena por robo.

Aunque más de 1 000 policías y militares ingresaron para controlar la situación, lo incautado fue mínimo: tres armas de fuego, 15 municiones y 39 restos de bala. La Fiscalía investiga a nueve reos como los principales sospechosos del ataque, mientras las visitas a la Penitenciaría han sido suspendidas de forma indefinida.

Un sistema en crisis

Desde enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó un estado de excepción en el sistema penitenciario, movilizando 6 000 uniformados a las cárceles. Sin embargo, la violencia no ha cesado. En lo que va del año, 35 asesinatos han ocurrido solo en los reclusorios de Guayaquil, incluyendo esta masacre.

La fuga de alias Fito en enero marcó un punto de quiebre. A esto se suman deudas millonarias que llevaron a suspender el servicio de alimentación en abril, dejando a familiares de los reos recolectando comida para sobrevivir. Drones con explosivos y denuncias de extorsión, incluso desde el interior de las cárceles, son solo una parte del caos.

Expertos critican falsa paz

Renato Rivera, del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, señala que la calma registrada hasta ahora se debió a acuerdos entre cabecillas criminales, no a una gestión estatal efectiva. Por su parte, la analista Michelle Maffei alerta que la crisis de fondo podría desencadenar más hechos violentos en las próximas semanas.

Mientras el Gobierno refuerza su discurso de “control”, las familias de los reos, víctimas de extorsiones y torturas, exigen respuestas. La audiencia contra los nueve sospechosos del ataque se realizará en los próximos días, pero las causas del enfrentamiento aún no han sido aclaradas.

El desafío de Noboa no solo radica en la seguridad carcelaria, sino en recuperar la confianza ciudadana. Las medidas tomadas hasta ahora parecen insuficientes frente a un sistema colapsado por la corrupción, el crimen organizado y la falta de recursos.