Una exjueza anticorrupción detenida por presunto enriquecimiento ilícito aparece con un aumento patrimonial de USD 83.853 entre 2022 y 2025. Así consta en informes de la UAFE, del SRI y de la Policía Nacional citados dentro del caso Fachada. La investigación se abrió tras detectarse en enero de 2025 una red de corrupción judicial. Según el expediente, jueces habrían recibido dinero para liberar a hijos de cabecillas de los Comandos de la Frontera. Ese caso arrancó en noviembre de 2024. Las autoridades también hablan de un perjuicio superior a USD 300 millones por lavado de activos y narcotráfico. De los tres jueces involucrados, dos fueron destituidos y detenidos. Entre ellos está la exmagistrada Gabriela L. El 29 de abril de 2026, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Pichincha ratificó la prisión preventiva en su contra. Su defensa insiste en que hacía falta una pericia económica y financiera de rastro forense, pero ese pedido fue negado.

La vinculación de Gabriela L. comenzó con una denuncia anónima y derivó en allanamientos hechos el 16 de enero de 2025. En su vivienda de Esmeraldas la Policía encontró USD 17.840 en billetes de USD 20 guardados en fundas dentro de su dormitorio. En otra residencia, en Quito, se hallaron USD 38.920. El total decomisado fue de USD 56.760 y la Fiscalía sostuvo que no se presentó respaldo sobre el origen de ese dinero. Días después, la exjueza entregó una promesa de compraventa de un inmueble en Tachina por USD 120.000. Sin embargo, un informe de la Contraloría señaló que en su declaración patrimonial ese bien constaba con un avalúo comercial de USD 206.648. También aparecen dos autobuses Mercedes Benz con valores distintos entre contratos y declaración de bienes. A eso se suma una camioneta Great Wall valorada en USD 25.490 y movimientos financieros que muestran diferencias entre lo reportado al SRI y al sistema financiero. La Contraloría señaló que no justificó USD 9.440 e identificó indicios de responsabilidad penal. Mientras la Fiscalía suma 49 pruebas, la defensa sigue reclamando una pericia para explicar la procedencia de los fondos y los movimientos bancarios.