Un comunicado breve de 10 líneas fue la respuesta del Ministerio de Defensa tras la condena de más de 34 años a 11 militares y de 30 meses a otros cinco por la desaparición forzada de los cuatro niños guayaquileños Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina. Un año atrás, el Gobierno defendió a las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sostuvo que los menores fueron desaparecidos por “grupos delincuenciales”. Las primeras teorías oficiales sobre lo ocurrido el 8 de diciembre de 2024 apuntaron a un posible secuestro, un falso operativo militar y una extorsión. El 21 de diciembre de 2024, Loffredo criticó a quienes advertían una posible desaparición forzada a manos de agentes del Estado y los acusó de “hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”. En medio de la conmoción social en Guayaquil y en el país, el presidente Daniel Noboa apareció de forma digital el 22 de diciembre y dijo que ordenó acciones para hallar a los menores y a los responsables. Con el paso de los días, videos, testimonios y versiones empezaron a chocar. El 23 de diciembre de 2024, el Ministro cambió su versión y culpó a los niños de un supuesto delito. Ese día confirmó que fueron aprehendidos por una patrulla militar porque, según su relato, estaban “robándole a una mujer”. Esa teoría fue replicada por simpatizantes del Gobierno y encendió un debate que dividió a la ciudadanía durante semanas. Ese mismo 23 de diciembre, Noboa habló públicamente del caso por única vez en un programa radial, dijo “no vamos a encubrir a nadie” y sugirió que “los cuatro chicos sean declarados como héroes nacionales”. A finales de diciembre de 2024, Loffredo amenazó a la jueza Tanya Loor, quien declaró la desaparición forzada durante el operativo militar y ordenó medidas de reparación, como disculpas públicas en cadena nacional. El 6 de enero de 2025, el ministro usó una intervención pública para defender al Ejecutivo, advertir que buscaría sancionar a la jueza y cuestionar el uso del discurso de derechos humanos. Todo ocurrió en el contexto del Plan Fénix y la declaratoria de conflicto armado interno, que legalmente duró tres meses, aunque el Gobierno mantuvo ese relato en su discurso. Esa “guerra interna” fue la base para la militarización de calles, cientos de detenciones y el respaldo total a las fuerzas del orden. En ese camino se incluyeron acciones como el bloque de seguridad, el anuncio de una cárcel de máxima seguridad, la clasificación de bandas como terroristas, la reserva de gastos en defensa y anuncios de indultos para uniformados. Organizaciones de derechos humanos y ciertos sectores sociales criticaron la estrategia y acompañaron a las familias de los niños, lo que generó roces con Carondelet durante el año. La Asamblea llegó a declarar responsabilidad política del ministro y abrió un juicio político, pero el proceso no avanzó y luego fue archivado cuando ADN tomó control de la Comisión de Fiscalización. El CDH de Guayaquil mantuvo denuncias y dijo que sumó registros de otras 33 desapariciones presuntamente cometidas por militares en el contexto del conflicto interno. Cerca del aniversario del crimen, el Concejo Municipal de Guayaquil decidió que un parque del sur lleve el nombre “Los cuatro niños de Las Malvinas” como homenaje. En paralelo, el Gobierno mantuvo su línea de seguridad con estados de excepción e impulsó marcos legales que daban más margen a los uniformados, como las leyes de Inteligencia y Solidaridad Nacional. Parte de esas reformas cayó luego en la Corte Constitucional, que dio de baja la Ley de Solidaridad Nacional por problemas en el trámite y el contenido. Tras la sentencia, Loffredo no apareció públicamente y el mensaje llegó por un video de la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, quien respaldó el fallo y habló de reparación y no repetición. La defensa de los militares anunció que apelará, y el caso quedó instalado como una herida abierta que puede seguir escalando incluso a instancias internacionales.