El juicio del Caso Malvinas destapó un plan para llevar a cuatro menores a una “poza” en Taura. Cinco militares que cooperaron con la Fiscalía dijeron que el subteniente John Henry Z. E. ideó esa ruta desde la detención del 8 de diciembre de 2024. Los testimonios hablaron de una poza enorme de unos 15 metros de largo por 25 de ancho, ubicada en un camino rural cerca de Taura. Los cooperadores afirmaron que el oficial nunca pensó entregarlos a la Policía. El Tribunal Penal cerró alegatos el 15 de diciembre y empezó a deliberar. Se espera una sentencia para el 22 de diciembre de 2025. Uno de los uniformados contó que el foso quedaba a entre 1.000 y 1.200 metros del sitio donde dejaron a los chicos. Ese punto fue marcado por un árbol caído que terminó siendo clave en la investigación. En ese lugar hallaron prendas de los niños Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, de 11 a 15 años. Sus restos calcinados aparecieron en un manglar al sur de Taura el 24 de diciembre de 2024, en otra causa. Según las versiones, en el sitio del árbol hubo golpes, disparos intimidatorios a 80 centímetros y los adolescentes fueron obligados a desvestirse. Un cooperador dijo que preguntó qué harían y el subteniente respondió que conocía una poza. En la reconstrucción de abril también se escuchó la palabra “hueca” para referirse a ese lugar. Para la Fiscalía, los hechos muestran dolo y un plan previo que descartó cualquier entrega a la Policía. El fiscal Christian Fárez sostuvo que el operativo se apartó de todo procedimiento regular. La patrulla habría querido llegar a la poza, pero el árbol caído bloqueó el paso por el muro carrozable. La defensa del subteniente habló de una “liberación” y señaló a bandas criminales tras la desaparición y el crimen. En total se juzga a 17 militares de la FAE. La Fiscalía pidió 34 años y ocho meses para 11 procesados, 7 años y cuatro meses para un teniente coronel como cómplice y 30 meses para cinco cooperadores. También solicitó multas de 800 salarios básicos al Consejo de la Judicatura y una reparación simbólica de USD 10.000 a las familias.