La audiencia de juicio del caso Triple A llegó este 2 de agosto de 2026 a una etapa clave. La Fiscalía pidió que Aquiles Álvarez y otros 21 procesados sean declarados culpables por el presunto delito de comercialización ilegal de hidrocarburos. Para quienes considera autores, solicitó una pena de 6 años y 9 meses de prisión. Esta es la sanción máxima planteada por la acusación dentro del proceso.

El organismo también pidió una reparación integral de USD 61,5 millones. Según la acusación, ese monto correspondería al perjuicio causado al Estado por un presunto desvío de combustibles subsidiados entre 2020 y 2024. La Fiscalía sostiene que el diésel habría sido comprado para segmentos autorizados y luego vendido en mercados que no recibían subsidio. Por esa razón, solicitó además la clausura definitiva de seis empresas, multas y el comiso de bienes.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos del Ecuador y Petroecuador se sumaron al pedido de la Fiscalía. Las tres entidades solicitaron al Tribunal que aplique la mayor sanción contemplada para este delito. Durante su alegato final, la fiscal Ruth Amoroso presentó pericias, documentos y testimonios recopilados durante más de cuatro meses de juicio. Amoroso afirmó que estas pruebas mostrarían la existencia de una estructura empresarial que habría aprovechado el sistema estatal de subsidios.

La teoría fiscal señala que el mecanismo investigado era conocido como el “cambiazo”. Esta versión deberá ser analizada junto con los argumentos y pruebas presentados por las defensas. Ahora el Tribunal de Garantías Penales tendrá que decidir si existen elementos suficientes para declarar la culpabilidad de los procesados.