Después de varios meses de aplazamientos e incidentes procesales, el caso Triple A llegó a una etapa decisiva. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rindió su testimonio durante más de dos horas. Su intervención estuvo centrada en rechazar los elementos presentados por la acusación. Durante su declaración, aseguró que no existirían facturas ni guías de remisión que respaldaran la teoría del caso. También sostuvo que el control sobre el destino del combustible era responsabilidad de las instituciones estatales. Ese argumento fue cuestionado posteriormente por la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos del Ecuador. Christian Puente, director de la entidad, afirmó que un perito informático sí revisó documentos durante el juicio. Según el funcionario, fueron analizadas facturas registradas ante el Servicio de Rentas Internas. La revisión también habría incluido guías de despacho emitidas por Petroecuador. Con esa versión, uno de los principales argumentos expuestos por Álvarez quedó bajo discusión ante los jueces.

El proceso ha tenido un recorrido marcado por varios diferimientos solicitados por diferentes defensas. En 2025, Aquiles Álvarez pidió que una audiencia fuera aplazada. Uno de sus abogados presentó un certificado médico por un cuadro de “hemorroides con complicaciones”. También hubo otros aplazamientos e incidentes impulsados por abogados de distintos procesados. Por esa razón, todos los retrasos del caso no pueden ser atribuidos únicamente al alcalde. La acusación investiga el supuesto manejo irregular de 22,7 millones de galones de combustible. La tesis presentada señala un presunto perjuicio económico de 61,5 millones de dólares. Álvarez y las demás defensas rechazan los señalamientos formulados en su contra. La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos mantiene su acusación dentro del proceso. Ahora será el tribunal el encargado de decidir si las pruebas presentadas demuestran los hechos investigados.