El CNE negó la impugnación de Luisa González y dejó lista la ruta hacia el TCE. La decisión se basó en una resolución previa firmada por Diana Atamaint. Esa resolución cuestionó los informes financieros de Revolución Ciudadana en la segunda vuelta de 2023. El organismo afirmó que los aportes privados no fueron sustentados de forma correcta. González y Estefanía Molina aseguraron que respondieron en tiempo y forma a todas las observaciones. Ellas sostuvieron que monto, origen y destino de los fondos no estuvieron en duda. Aun así, el vicepresidente Enrique Pita detectó deficiencias formales y documentales en los registros.

Según Pita, esas omisiones afectaron la exactitud exigida por la normativa electoral. El 28 de octubre de 2025 Atamaint advirtió que la denuncia avanzaría una vez resuelta la impugnación. Con la negativa aprobada, el expediente contra RC quedó listo para llegar al Contencioso Electoral. Desde RC se afirmó que las autoridades buscaban desaparecer a la organización. Atamaint respondió que existió un intento de victimización desde el correísmo. En la votación apoyaron la negativa Atamaint, Pita y José Cabrera. Las consejeras Elena Nájera y Esthela Acero se abstuvieron.

El caso salpicó también al movimiento Renovación Total, aliado del correísmo. Reto apoyó a Xavier Hervas en la contienda presidencial adelantada de 2023. El CNE dispuso pedir investigación de las cuentas de campaña de Reto en ese proceso. En 2024 Reto pactó con RC y respaldó la candidatura de Luisa González. En la Asamblea, Reto y el correísmo integraron una bancada que fue segunda minoría frente a ADN. El CNE reiteró que “no hay nada mágico” frente a pedidos del correísmo en el marco del referéndum y consulta popular de 2025.