El Pleno de la Asamblea discutió hoy la fiscalización de las pensiones vitalicias de expresidentes y exvicepresidentes que no concluyeron su mandato. La moción fue presentada por Bertha Vélez, de Revolución Ciudadana. Antes de proponer el tema, la asambleísta expresó solidaridad con la familia del comunero Efraín Fuérez. El pedido incluía que la Comisión de Garantías Constitucionales elabore en 30 días un informe detallado. El debate encendió los ánimos al tocar cifras y nombres. Cristina Jácome afirmó que pagar a quienes dejaron el cargo resultaba un privilegio inmerecido. Mencionó los casos de Alberto Dahik en 1992 y de Fabián Alarcón como mandatario interino. También pidió revisar si Lenín Moreno habría cobrado doble pensión. Y recordó que Guillermo Lasso no terminó el periodo y recibiría un pago vitalicio. Según su cálculo, entre 80.000 y 85.000 dólares mensuales se destinaban a estas pensiones. El monto anual rondaría el millón de dólares que, dijo, podría ir a becas, hospitales y seguridad. Alex Toapanta, de Pachakutik, ofreció su respaldo a la fiscalización. El legislador propuso además reducir a la mitad el sueldo de asambleístas y altos mandos. Desde ADN, Jhon Polanco calificó el planteamiento como populismo y cuestionó el texto. Señaló que el título hablaba de exmandatarios que no terminaron, pero el primer artículo no lo precisaba. Con esa observación pidió rechazar la moción y ajustar la redacción con responsabilidad. En la votación participaron 148 asambleístas. Hubo 68 votos afirmativos, 77 negativos, cero blancos y tres abstenciones. Con ese resultado, la propuesta de Bertha Vélez no fue aprobada. El tema quedó sin encargo para la comisión y el beneficio a exmandatarios seguirá sin nueva fiscalización por ahora.