La Contraloría General del Estado aprobó un informe de 153 páginas sobre la Empresa Metro de Quito. El examen abarcó del 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2024. Ese periodo incluye las alcaldías de Jorge Yunda, Santiago Guarderas y Pabel Muñoz. El documento, identificado como DNA6-EP-0003-2025, revisó la Fase 2 de la primera línea. También examinó gerencia del proyecto, fiscalización, material rodante y puesta a punto. La entidad sugirió glosas por USD 5,7 millones y sanciones administrativas por USD 81.265. Además, detectó indicios de responsabilidad penal que serán enviados a Fiscalía. Un hallazgo clave fue la contratación de seguros y mantenimiento para 18 trenes. Según el informe, se evadieron procedimientos de compra y se afectó la transparencia. Por esa gestión, el Municipio pagó USD 2,6 millones al consorcio CL1 por costos indirectos. Otra alerta fue el rendimiento de los inversores de tracción de los trenes. La eficiencia quedó por debajo del 98% ofertado por el proveedor CAF. A pesar de ello, el consultor de fiscalización validó el cumplimiento técnico. Esa validación derivó en pagos por USD 2,5 millones sin lograr la eficiencia prometida. El informe también recuerda el descarrilamiento del tren 16 en noviembre de 2023. Contraloría atribuyó el hecho a fallas de instrucción y supervisión del subcontratista Alstom. La unidad estuvo fuera de servicio 402 días y los daños sumaron USD 441.809 sin resarcimiento. Otra falencia fue no registrar repuestos, equipos y vehículos en el sistema contable municipal. Ese paquete provino del contrato LICB-EPMMQ-2014-116 con Ubang Constructora CIA. TLDA. por USD 183,5 millones. Además, se pagaron USD 100.961 por rubros de mantenimiento de estaciones que no se ejecutaron en su totalidad.