Correísmo busca acuerdo parlamentario con ADN y PSC 🤝


Las conversaciones entre Correísmo, ADN y PSC avanzan con el objetivo de alcanzar acuerdos y atraer a legisladores
En el ámbito político ecuatoriano, la Revolución Ciudadana (RC), representada por el correísmo, se encuentra en medio de conversaciones para cerrar un acuerdo parlamentario con el Partido Social Cristiano (PSC) y ADN, la organización política liderada por el presidente electo Daniel Noboa. El objetivo es establecer una colaboración efectiva en la Asamblea Nacional.
La asambleísta electa de la RC, Pierina Correa, ha afirmado que su bloque ha estado dialogando con el PSC y el nuevo oficialismo para llegar a un consenso. Sin embargo, señala que los detalles del acuerdo han experimentado cambios debido a las declaraciones de varios involucrados, incluyendo a su hermano, el expresidente Rafael Correa.
El PSC y ADN cuentan con 14 representantes cada uno en la Asamblea Nacional. Entre las figuras destacadas en el PSC se encuentran Henry Kronfle, Dallyana Passailaigue y Johnny Terán Barragán. Mientras tanto, en ADN, figuran Jonathan Parra y María Fernanda Araujo.
La alianza Actuemos, que respaldó a Otto Sonnenholzner en las elecciones pasadas, aporta ocho asambleístas al Parlamento, incluyendo a Adrián Castro, exdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
Además, Pachakutik logró colocar a cinco legisladores y Claro que se Puede, que respaldó a Yaku Pérez, a otros tres. Los restantes 16 representantes pertenecen a organizaciones políticas independientes.
La Constitución establece que las organizaciones políticas pueden formar una bancada si cuentan con al menos el 10% de los miembros del Parlamento, lo que equivale a un mínimo de 14 legisladores. Aunque algunas de las organizaciones cumplen con este requisito, la cantidad de legisladores en cada bancada aún puede variar debido a las negociaciones en curso con los asambleístas independientes.
Las diferentes organizaciones políticas han anunciado sus objetivos para el próximo período legislativo, con un enfoque común en la seguridad como prioridad. Sin embargo, las diferencias surgen en temas de fiscalización y juicios políticos.