El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sigue siendo un campo de batalla política en Ecuador. Cuatro procesos de selección fundamentales están paralizados: la Fiscalía General, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura.

Esta situación deja la puerta abierta para que el próximo Gobierno –ya sea el de Daniel Noboa o Luisa González– busque influir en el Cpccs, algo que ha ocurrido con cada administración. Expertos advierten que los consejeros son blanco fácil de presiones y negociaciones políticas.

El Pleno del Cpccs sigue en constante cambio, con consejeros enfrentando juicios políticos y procesos judiciales. La consejera Nicole Bonifaz, por ejemplo, está siendo investigada por presunta asociación ilícita, mientras que otros miembros tienen problemas legales que podrían modificar la actual mayoría en cualquier momento.

Mientras tanto, la Fiscalía reveló chats de exconsejeros de la "Liga Azul" donde supuestamente se negociaban cargos públicos a cambio de influir en decisiones clave. La justicia ya dictó medidas contra varios implicados, prohibiéndoles salir del país.

Con el Cpccs en crisis y sin procesos de selección claros, el riesgo de que el próximo Gobierno use el Consejo como herramienta política es más latente que nunca.