La estrategia económica que parece seguir el actual gobierno es provocar una crisis fiscal para justificar futuras reformas exigidas por el FMI, como alzar las tarifas eléctricas y subir el precio del gas doméstico.

Al incrementar deliberadamente el endeudamiento y debilitar las finanzas públicas, se crea el escenario perfecto para aplicar medidas impopulares como el alza de tarifas, que afectarían a la población como la reducción del gasto social y nuevas privatizaciones, presentándolas como “necesarias” para estabilizar la economía.

Como prueba de esto, la Proforma Presupuestaria 2026 confirma lo que muchos economistas venimos advirtiendo: el Ecuador se está endeudando para todo, no como una estrategia para crecer. El Gobierno de Daniel Noboa plantea un presupuesto de USD 46.255 millones, pero solo cuenta con USD 30.120 millones en ingresos permanentes. Esto significa que más del 34 % del gasto público se financiará con deuda, equivalente a USD 16.055 millones, provenientes de fuentes internas y externas. En otras palabras, se pretende cubrir sueldos, programas sociales y funcionamiento del Estado con préstamos, en lugar de destinar esos recursos a inversión productiva. Esta práctica es insostenible, pues la deuda no genera crecimiento ni empleo cuando se usa para pagar gastos.

Financiar con deuda la salud, la educación y la justicia es una “barbaridad fiscal”, ya aplicada en 2024 y 2025, que debilita al país y su estructura presupuestaria, haciéndolo depender cada vez más de ingresos transitorios, rentas petroleras o créditos condicionados.

El resultado es un endeudamiento creciente sin obras visibles. Solo entre 2023 y 2025 la deuda pública pasó de USD 63.000 millones a más de 84.000 millones, mientras el déficit fiscal para 2026 asciende a USD 5.413 millones (3,9 % del PIB). La economía, además, muestra señales claras de desaceleración: el crecimiento proyectado del PIB para 2026 es de apenas 1,8 %, frente al 3,8 % previsto para 2025. La menor producción petrolera, el aumento del IVA y del precio del diésel, y la contracción del consumo interno agravan la falta de ingresos y empujan al Estado a más endeudamiento.

En este contexto, todo apunta a que se prepara el terreno para nuevas medidas de ajuste pactadas con el FMI, como el alza de tarifas eléctricas y del gas doméstico. Lejos de estabilizar al país, esta estrategia profundiza la crisis fiscal y social: el Ecuador gasta más en pagar deuda que en invertir, y eso nos conduce a una etapa de crisis inducida, donde el Estado se debilita, la economía se enfría y el país se endeuda sin resultados visibles.