Daniel Salcedo, quien enfrenta condenas por peculado y cargos por delincuencia organizada, solicitó un traslado médico desde La Roca a un hospital público alegando dolores severos en las rodillas, que se agudizaron tras una caída en junio de 2024. La solicitud de Salcedo fue procesada mediante un recurso de habeas corpus, tratado por un tribunal de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia.

El abogado de Salcedo argumentó que el dolor en las piernas de su cliente se había incrementado debido a la falta de equipamiento médico adecuado en la prisión, lo que imposibilitaba su recuperación y la realización de las actividades diarias. Sin embargo, durante la audiencia, el Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), defendió que Salcedo ha recibido atención médica continuada, siendo evaluado seis veces por el equipo médico de La Roca.

Wilfrido Rosero, médico que atendió a Salcedo, informó que se le había prescrito un tratamiento analgésico, antinflamatorio y antibiótico tras diagnosticar dolor de rodilla con edema. A pesar de ello, se solicitó una ecografía para un diagnóstico más preciso, aunque el rayo X no mostró fracturas ni daños óseos significativos.

El tribunal, tras evaluar las evidencias y testimonios, concluyó que no se ha vulnerado el derecho a la salud de Salcedo y que el acceso a los servicios médicos ha sido adecuado. Por tanto, determinó improcedente el habeas corpus, instando a La Roca y al SNAI a continuar garantizando la salud e integridad física de Salcedo, incluyendo la realización de los exámenes médicos necesarios. La Defensoría del Pueblo fue asignada para dar seguimiento a la implementación de esta decisión.

El rechazo del tribunal al recurso de habeas corpus ha generado debate sobre las condiciones de atención médica en las cárceles del país y la capacidad del sistema penitenciario para manejar situaciones médicas complejas.