Álex Anchundia, gerente de Segura EP, dijo que la prioridad inmediata del Municipio de Guayaquil es la seguridad de las personas. Explicó que el incendio en el edificio Multicomercio golpeó fuerte al comercio del inmueble y también al de las calles aledañas. Señaló que las acciones se coordinan bajo medidas estrictas para evitar más riesgos. Comentó que ya arrancó un estudio técnico para medir estabilidad, inclinaciones y desplazamientos de la estructura. Indicó que llevan cuatro días con mediciones y que el informe podría llegar entre el 25 y el 26 de febrero. Con ese resultado, aseguró que se podrá avanzar hacia la demolición. También mencionó que se evalúa si se pueden retirar vehículos ubicados en la parte superior del edificio. Aclaró que ese retiro debe ser autorizado por el COE cantonal. Remarcó que el mismo estudio definirá el método exacto para demoler. Mientras las torres sigan de pie, insistió, el riesgo para la ciudadanía continúa. Anchundia estimó que la demolición podría demorar entre tres y cuatro meses. El gran problema, dijo, es el mecanismo legal porque se trata de un bien privado. Por eso, el Municipio no puede destinar fondos públicos de forma directa para derribarlo. Contó que ya se abrió un proceso administrativo y que Gestión de Riesgos envió su informe. Añadió que Justicia y Vigilancia notificó a los propietarios para que ejecuten la demolición. Si los dueños no actúan, el Municipio tendrá que aplicar otra medida porque el edificio representa un peligro. En un escenario judicial, explicó, los afectados pueden presentar una medida cautelar. Con esa orden, un juez podría disponer el derribo del inmueble. En ese caso, el Municipio sí usaría recursos públicos y luego recuperaría el dinero cargándolo al código catastral de los propietarios.