El Parlamento venezolano aprobó una polémica ley para fiscalizar y regular el funcionamiento de las ONG, en un contexto de denuncias de represión contra opositores y activistas. La "Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines" fue aprobada por unanimidad, según anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.

Esta ley llega tres semanas después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, una victoria que la oposición ha calificado de fraudulenta. Desde entonces, se ha reportado una oleada represiva que ha dejado más de mil detenidos y al menos 23 muertos, según organizaciones internacionales de derechos humanos.

El tercer párrafo revela la esencia de la normativa: la ley establece un sistema uniforme para la creación, registro y funcionamiento de las ONG, con el objetivo de garantizar la transparencia en el manejo de sus fondos. Sin embargo, el texto no aclara las implicaciones si una ONG recibe financiamiento internacional, lo que ha generado preocupación entre las organizaciones.

Activistas y miembros de la sociedad civil han denunciado que esta ley es un intento de criminalizar a las ONG. Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, declaró que "la ley anti-ONG formaliza la persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolanas". Otros actores, como Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señalan que la normativa busca cerrar definitivamente el espacio cívico en Venezuela.