Ecuador puso en marcha una nueva estrategia nacional para enfrentar el embarazo adolescente. La política se llama PLENA 2026-2035. Su meta es reducir los embarazos en niñas y adolescentes durante los próximos diez años. El plan reúne a varias instituciones del Estado en una misma hoja de ruta. La iniciativa busca fortalecer la prevención y ampliar oportunidades de desarrollo para niñas y jóvenes. Según la información oficial, en el país se registran cada año más de 32.200 nacimientos en adolescentes de entre 10 y 19 años. Esta realidad afecta la educación, la salud y la protección social de miles de familias. El Gobierno sostiene que también hay efectos en el ámbito económico y laboral. De acuerdo con el estudio Milena 1.0, difundido en 2025, este fenómeno genera pérdidas superiores a USD 216 millones al año. Durante el lanzamiento, la vicepresidenta María José Pinto dijo que prevenir el embarazo adolescente es hablar de oportunidades para que más niñas terminen el colegio y construyan su proyecto de vida.

La nueva política toma como base los resultados obtenidos entre 2018 y 2025 con la estrategia PIPENA. Según los registros oficiales, en ese periodo la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años bajó de 70,40 a 39,55 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes. Las autoridades también señalan que esa reducción permitió evitar más de 23.500 nacimientos en esos años. Ahora, la nueva etapa pondrá atención especial en 46 cantones considerados prioritarios. Entre ellos hay zonas de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y varias localidades de la Amazonía. El Ministerio de Salud Pública liderará las acciones de salud sexual y reproductiva para adolescentes. El Ministerio de Educación impulsará la educación integral en sexualidad y la permanencia escolar. Otras entidades fortalecerán la prevención de la violencia sexual y de género, además del apoyo familiar y psicosocial. Uno de los puntos clave del plan es que parte del financiamiento dependerá del cumplimiento de metas verificables. Con apoyo técnico internacional y recursos de cooperación externa y del sector privado, Ecuador busca sostener esta política pública hasta 2035.