El cierre del bloque ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini) en el Yasuní, decidido en consulta popular en 2023, ha desatado una tormenta de preocupaciones sobre el futuro económico de Ecuador. Aunque la decisión fue motivada por una premisa ambiental, el impacto financiero de esta medida está generando un debate intenso sobre el costo real de dejar el petróleo bajo tierra.

El bloque ITT representa una producción diaria de 55.000 barriles de petróleo, lo que, a un precio promedio de 70 dólares por barril, se traduce en aproximadamente 3,9 millones de dólares diarios para el país. Con el cierre de la explotación a partir del 1 de septiembre de 2023, Ecuador dejará de percibir cerca de 460 millones de dólares solo en el último cuatrimestre del año. Si proyectamos estas cifras a lo largo de los 20 años de vida útil que se estimaba para el campo, la pérdida total podría ascender a entre 28.000 y 30.000 millones de dólares.

Además de la pérdida directa de ingresos, el país enfrentará otros costos significativos. Desmantelar la infraestructura del ITT podría costar entre 500 y 600 millones de dólares. A esto se suman las pérdidas en puestos de trabajo y compensaciones sociales, que se estiman en 250 millones de dólares. Las inversiones previas en tecnología y desarrollo también suman millones más, incrementando el impacto financiero de la decisión.

Estas pérdidas tendrán un efecto dominó en la economía nacional, afectando áreas tan vitales como la educación, salud y seguridad ciudadana. Las provincias que dependían directamente de la explotación petrolera serán las más afectadas, profundizando las desigualdades regionales. Irónicamente, fueron estas mismas provincias las que votaron mayoritariamente por continuar con la explotación.

El cierre del ITT también envía una señal contradictoria a la inversión extranjera, esencial para la recuperación económica del país. Mientras Ecuador busca atraer capital extranjero, decisiones como esta podrían ahuyentar a posibles inversionistas, quienes ven con recelo la falta de estabilidad en las políticas económicas y energéticas del país.

Aunque el objetivo de proteger el medioambiente es loable, el bloque ITT ocupaba menos del 0,5% del territorio del Yasuní, y existían procesos técnicos para reducir el impacto ambiental de la explotación. La decisión de detener la explotación podría llevarnos a "morirnos de sed junto a la fuente", una metáfora que refleja la paradoja de renunciar a ingresos vitales en medio de una crisis económica.

Ahora, Ecuador enfrenta el reto de buscar nuevas fuentes de ingreso para compensar esta pérdida monumental. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo aseguraremos el futuro del país sin estos recursos?