La política ecuatoriana enfrenta un nuevo escándalo tras las acusaciones de tráfico de influencias que involucran a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y a asambleístas del correísmo. La legisladora Gissella Molina presentó una denuncia ante la Fiscalía este 23 de julio, apuntando a irregularidades en la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura.

Según Molina, hubo maniobras indebidas en la Comisión de Fiscalización, de mayoría correísta, donde se ejercieron presiones sobre los consejeros para reconsiderar una votación que finalmente favoreció a Godoy. La denuncia también alcanza al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, acusado de usar intermediarios para acelerar la posesión de Godoy.

La asambleísta, que llegó al cargo bajo la bandera de Gente Buena y una alianza con Construye, antes de declararse independiente, insiste en que estas acciones comprometen la integridad del proceso de designación y pone en cuestión la independencia de las instituciones involucradas.

Este caso surge en un momento delicado para el sistema judicial del Ecuador, destacando la urgente necesidad de transparentar y fortalecer las estructuras gubernamentales para restaurar la confianza en la gestión pública.