El caso Pampa ha destapado uno de los entramados criminales más complejos en Ecuador, vinculado a la mafia albanesa liderada por Dritan Gjika. Bajo la fachada de un empresario respetable, Gjika logró establecer una red de tráfico de cocaína colombiana hacia Europa, utilizando a Ecuador como su base de operaciones. Los documentos revelados por la Fiscalía ecuatoriana muestran cómo, a través de una serie de empresas aparentemente legales, el grupo criminal lavó alrededor de USD 31 millones entre 2015 y 2024.

Los expedientes del caso Pampa, publicados recientemente, detallan las operaciones financieras de Gjika y otros 20 implicados, quienes utilizaron empresas dedicadas a la producción agrícola, cárnicos, cannabis, y bienes inmuebles para blanquear dinero proveniente del narcotráfico. Entre los activos incautados, valorados en USD 7 millones, se encuentran terrenos, casas y bodegas distribuidas en las provincias de Guayas, Los Ríos, Cotopaxi y Santa Elena. Estos bienes muestran la magnitud de las operaciones encubiertas y el alcance de la red criminal.

Además de los activos, los archivos también contienen conversaciones que dejan al descubierto la profundidad de la corrupción involucrada. En un chat de junio de 2015, uno de los miembros de la organización solicitaba ayuda para aprobar una inspección antinarcóticos en un contenedor, evidenciando el uso de sobornos a altos mandos policiales para facilitar el tráfico de drogas. Otro mensaje de octubre de 2016 menciona pagos a Contecon y a la Policía Antinarcóticos, demostrando la sistematización de estas prácticas corruptas.

El nombre de Dritan Gjika ganó notoriedad gracias a las denuncias del exasambleísta Fernando Villavicencio, quien advirtió sobre los vínculos entre la mafia albanesa y figuras cercanas al poder político en Ecuador. Según las denuncias, altos mandos policiales y políticos de la época ofrecieron apoyo y protección a Gjika y su red, permitiendo que operaran con relativa impunidad durante casi una década.

La revelación de estos detalles ha generado un profundo malestar en el país, evidenciando una vez más la influencia del crimen organizado en las instituciones estatales. La Fiscalía sigue avanzando en las investigaciones, y se espera que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos. Este caso, además, pone de relieve la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control y vigilancia para evitar que estructuras criminales similares puedan operar en el futuro.