El proyecto de Ley Orgánica de la Eutanasia volvió a mover el debate en la Asamblea este jueves 23 de abril. La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió a delegados del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General del Estado. Ambas instituciones llegaron con observaciones técnicas y jurídicas sobre el texto en trámite. Una de las alertas más fuertes salió del artículo 5. Julia Palma, directora de Asesoría Jurídica del CJ, dijo que limitar a seis meses el tiempo para pedir la eutanasia podría chocar con el precedente fijado por la Corte Constitucional. También advirtió que la norma debe incluir vías de impugnación cuando se niegue el procedimiento. Según su exposición, cuando están en juego derechos debe existir un mecanismo para apelar. Palma además pidió aclarar quién actúa como peticionario y cómo entra el representante legal en cada caso. Otro punto pendiente es definir quién llevará el registro estatal de estos procedimientos. Desde la Fiscalía, Gabriela Villacrés puso la lupa en el mismo artículo 5, numeral 3. Para ella, el documento que inicia el proceso debe dejar claro que expresa la voluntad de la persona de someterse a la eutanasia. La funcionaria remarcó que ese texto no puede quedar como una simple opción. Villacrés también pidió fijar plazos concretos para los informes técnicos sobre el estado de salud del solicitante. Y agregó que la ley debe precisar qué requisitos deberán cumplir los profesionales que elaboren esos reportes. La Fiscalía además revisó la parte penal incluida en la propuesta. Ahí observó que se deben definir mejor los elementos de una posible conducta punible por incumplir el procedimiento eutanásico. También señaló que la pena planteada en la redacción actual luce desproporcionada. El tema sigue en la ruta legislativa y el proyecto ya tuvo un informe para primer debate aprobado por la comisión el 17 de marzo de 2026. Ahora el texto llega con nuevas correcciones en la mira. La discusión sobre la eutanasia suma así otro capítulo fuerte dentro de la Asamblea.