María Belén Domínguez, la jueza que estuvo a cargo del caso del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, ha sido condenada a tres años de prisión por su participación en un caso de tráfico de influencias. La noticia fue confirmada por la Fiscalía General del Estado en la mañana del 25 de enero.

La condena se basa en su actuación al conceder una acción constitucional que permitió a Yunda mantenerse en funciones como alcalde de la ciudad. Esta acción se llevó a cabo como una respuesta a las supuestas irregularidades en el sorteo de la unidad judicial que iba a tratar la acción constitucional presentada por el exalcalde.

En junio de 2021, Domínguez tomó la decisión de aceptar parcialmente la acción constitucional a favor de Yunda, quien se enfrentaba a oposición por parte de concejales como Analía Ledesma, Mónica Sandoval, Santiago Guarderas y Fernando Morales, todos ellos contrarios a Yunda y líderes en el proceso de remoción del alcalde.

Este caso ha tenido repercusiones significativas en el sistema judicial, con la destitución de cuatro jueces y dos ayudantes judiciales involucrados en el proceso.

El tráfico de influencias, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su artículo 285, implica a servidores públicos y personas con poder estatal que, aprovechando sus cargos, ejerzan influencia sobre otros para obtener actos o resoluciones favorables a intereses propios o de terceros. La pena por este delito es una privación de libertad de tres a cinco años.