El 1 de enero de 2025, en el barrio de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, se llevaron a cabo los funerales de los hermanos Ismael y Josué Arroyo (15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11). Los cuerpos, hallados incinerados en una zona rural de Taura el 24 de diciembre, fueron entregados a las familias la noche de fin de año.

Jessica Cambindo, tía de los hermanos Arroyo, denunció la brutalidad con la que fueron tratados los restos, describiéndolos como "descuartizados, carbonizados, reducidos a huesos". Expresó su indignación, afirmando que "es inhumano" y que los niños "soñaban con ser futbolistas profesionales".

La extrema destrucción de los cuerpos ha generado dudas entre los familiares sobre la veracidad de las identificaciones realizadas por la Fiscalía. Están considerando solicitar nuevas pruebas de ADN en laboratorios internacionales para confirmar las identidades.

Los menores desaparecieron el 8 de diciembre tras ser detenidos por una patrulla militar en Guayaquil. Las autoridades inicialmente negaron su participación, pero posteriormente se procesó a 16 militares por desaparición forzada.

El hallazgo de los cuerpos en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia extrema ha incrementado la desconfianza de las familias hacia las instituciones locales. Buscan garantías de que se haga justicia y se esclarezcan las circunstancias de las muertes.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su apoyo a las familias y exigen una investigación transparente e imparcial. Señalan que este caso refleja una preocupante tendencia de violencia y abuso de poder por parte de fuerzas estatales.

El Gobierno ha declarado tres días de luto nacional y ha prometido colaborar en las investigaciones. Sin embargo, la desconfianza persiste entre la población, que demanda acciones concretas y responsables.

Las familias, en medio de su dolor, han manifestado que no descansarán hasta obtener respuestas claras y justicia para sus hijos. Consideran que acudir a instancias internacionales podría ser necesario ante la falta de confianza en las autoridades locales.

Este caso ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana, generando protestas y llamados a una reforma en las fuerzas de seguridad para prevenir futuros abusos y garantizar la protección de los derechos humanos.