El futuro político de la vicepresidenta Verónica Abad pende de un hilo tras las recientes acusaciones de infracción electoral grave que han llegado al Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Fernando Muñoz, presidente de dicho tribunal, es el encargado de analizar la denuncia presentada por Juan Esteban Guarderas, quien alega que Abad llevó a cabo una campaña anticipada durante su candidatura para la Alcaldía de Cuenca.

Esta acusación llega en un momento especialmente delicado, ya que el presidente Daniel Noboa está buscando maneras de evitar que Abad asuma la presidencia en su ausencia, cuando él se encargue de la campaña para las elecciones presidenciales de 2025. El contexto político está cargado de tensiones y el resultado de este caso podría tener repercusiones significativas tanto para Abad como para la estabilidad del gobierno actual.

La infracción por la que se acusa a Abad, clasificada como grave según el Código de la Democracia, podría resultar en sanciones que van desde multas económicas hasta la destitución de su cargo. El TCE, bajo la dirección de Muñoz, ha pedido a Guarderas que especifique los detalles de los peritajes requeridos para avanzar en el proceso, incluyendo la especialidad del perito y el objeto específico de la pericia.

La decisión de Muñoz no solo decidirá el destino de Abad, sino que también podría influir en el equilibrio de poder dentro del gobierno ecuatoriano, en un momento en que la transparencia y la integridad electoral están bajo el microscopio público. El escrutinio sobre este caso es alto, y las decisiones tomadas en las próximas semanas serán cruciales para el futuro político de Verónica Abad y, posiblemente, del país.