Tras un mes de protestas por la eliminación del subsidio al diésel, la Fiscalía abrió 140 investigaciones penales. Las movilizaciones se centraron en Imbabura y Pichincha, donde se concentró el 64% de las causas. El 57% de los expedientes, es decir 80, apuntó a paralización de servicio público como el cierre de carreteras. Este delito, según el COIP, contempló penas de uno a tres años de cárcel. También se iniciaron 11 indagaciones por supuesto daño a bien ajeno. Ese tipo penal tuvo penas de dos a seis meses de prisión. La Conaie y organizaciones de derechos humanos denunciaron represión excesiva durante las marchas. Por esos señalamientos, la Fiscalía abrió 10 causas para investigar posibles extralimitaciones de policías y militares. Esas pesquisas se llevaron en Imbabura, Pichincha, Loja y Chimborazo. En Carchi, Loja y Azuay se abrió otro 20% de procesos del total nacional. El 16% restante se repartió entre Chimborazo, Sucumbíos, Cañar, Cotopaxi, Bolívar, Zamora Chinchipe, Tungurahua, Santo Domingo, Los Ríos y Orellana. En las otras nueve provincias no se registraron causas por estos hechos.

La Fiscalía también indagó delitos comunes cometidos en el contexto del paro. Se reportaron investigaciones por secuestro en ocho casos, robo en cuatro y asociación ilícita en dos. Hubo además una muerte culposa en investigación. El Gobierno calificó a algunos detenidos como “terroristas” durante el mes de movilizaciones. Sin embargo, los datos oficiales mostraron solo siete causas por supuesto terrorismo, equivalentes al 5%. La mayoría de expedientes, el 86% o 121, permaneció en investigación previa y bajo reserva. En 18 casos ya se formularon cargos, con ocho en etapa de investigación y diez con personas liberadas de responsabilidad. Un proceso se extinguió mediante mecanismos alternativos como conciliación, reparación integral o mediación.