La Fiscalía de Ecuador investigó 237 casos de uso ilegítimo de la fuerza entre enero y noviembre de 2025. La mayoría correspondió a 227 procesos por extralimitación en actos de servicio. También registró siete causas por desaparición forzada y tres por presunta ejecución extrajudicial. El 9 de diciembre de 2025 seis militares ingresaron a una casa en el barrio La Península, en Santa Elena, durante un operativo antinarcóticos. Moradores denunciaron golpes con cascos y la aplicación de descargas con cables arrancados del techo. El joven Roberto Araldo Pinchupa Ramírez, de 19 años, murió tras ese operativo y el caso se tramitó por presunta ejecución extrajudicial. La autopsia reportó una muerte violenta y el examen externo mostró hematomas. Los soldados alegaron que el muchacho opuso resistencia y se llevó la mano a la cintura, y que intentaron auxiliarlo por una supuesta sobredosis. En el domicilio se halló droga debajo de un colchón, según el parte. Pinchupa tenía un proceso previo por microtráfico en Macas desde septiembre de 2025, con medidas alternativas. Según testimonios del expediente, él y sus acompañantes viajaron días antes a Santa Elena para buscar trabajo en una bananera. El 10 de diciembre un juez de La Libertad dictó prisión preventiva para seis miembros del Batallón de Infantería Motorizado N.° 14 Marañón. La medida se cumplió en la Cárcel de Quito y se concedieron medidas de protección a víctimas y testigos. Los imputados fueron Darío Alfredo T. A., Alex Darío T. P., Jorge Luis C. L., Jonathan Alcívar C. O., Byron David G. Z. y Erwin Omar R. A. La instrucción fiscal se abrió por 30 días y se convocó a testimonio anticipado para el 29 de diciembre de 2025. Activistas del CDH señalaron brechas de preparación en Derechos Humanos y falta de fiscales especializados. En la sentencia del caso Malvinas el juez ordenó 120 horas anuales de capacitación en DDHH para todo el personal militar. Hojas de vida del juicio revelaron que mecánicos y técnicos de la FAE fueron enviados a patrullar sin instrucción en flagrancia ni manejo de menores. Amnistía Internacional advirtió de 43 desapariciones y cuestionó los excesos de la militarización. Los ministerios del Interior y de Defensa no respondieron a consultas hasta el cierre.