La audiencia por el caso Triple A se instaló el 9 de abril de 2025 en Quito y, de acuerdo con la Fiscalía, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, está implicado en la comercialización ilegal de combustibles. La investigación apunta a que empresas asociadas a Álvarez, como Copedesa, estarían involucradas en el desvío de diésel premium subsidiado. Durante la audiencia, el fiscal Carlos Alarcón presentó decenas de indicios que vinculan a Álvarez con el delito de distribución ilegal de combustibles. Además del alcalde, el fiscal solicitó la vinculación de 10 personas más, entre ellas cuatro contadores, que habrían trabajado con las empresas involucradas en la operación. La Fiscalía asegura que estas gasolineras, ubicadas en la frontera, desviaron grandes cantidades de diésel a otros mercados. En particular, la Estación Zambrano en Zamora Chinchipe habría recibido más combustible del que podía almacenar. De acuerdo con el Ministerio Público, Copedesa, con la firma de Álvarez, permitió que gasolineras como la Estación Espíndola, en Loja, facturaran grandes cantidades de combustible a empresas sin justificación. Alarcón también presentó pruebas que sugieren que la Estación Araújo, en El Oro, vendió diésel premium a sectores no autorizados. En la audiencia, el fiscal solicitó que se impongan medidas cautelares, incluida la prisión preventiva para algunos de los implicados. Álvarez, que se conectó a la audiencia de manera virtual, expresó su inconformidad con la defensa pública asignada por el juez, quien, sin embargo, determinó continuar con el proceso.