La fiscalización en la Asamblea Nacional avanza con más anuncios que resultados en su primer año de gestión. Desde mayo de 2025, el Legislativo ha abierto varias investigaciones sobre temas sensibles para el país. Entre ellos aparecen el caso Progen, la falta de medicinas en hospitales públicos y la inseguridad. Mientras el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, resalta la aprobación de 28 normativas, la tarea de control político deja dudas. Nueve de esas leyes llegaron como económicas urgentes desde el Ejecutivo. Dos de ellas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional. En la Comisión de Transparencia, la revisión del contrato de Celec EP con Progen tardó seis meses. Al final, el informe concluyó que no hubo responsables políticos. Ese documento fue enviado con la sugerencia de remitirlo a la Contraloría y a la Fiscalía. Pero casi cinco meses después todavía no entra al orden del día del Pleno.

En Salud, la investigación sobre medicinas y atención médica lleva nueve meses sin cierre. El caso tomó fuerza por los reclamos de usuarios y por la muerte de 12 neonatos, presuntamente por una bacteria. En Seguridad, la revisión sobre la violencia durante el paro indígena de 2025 también sigue sin informe aprobado. Esa misma comisión además asumió otros expedientes sobre atentados en Guayaquil, TC Televisión, alias “Negro Willy” y el bombardeo en Jambelí. En los juicios políticos, el panorama también deja cuestionamientos. Solanda Goyes evitó la censura, Gonzalo Albán Molestina fue destituido y Mario Godoy tampoco logró frenar su salida. En cambio, pedidos contra Gian Carlo Loffredo, Inés Manzano, Jimmy Martin y los integrantes del CPCCS fueron frenados o negados. La Comisión de Fiscalización también ha recibido críticas por la poca frecuencia de sus sesiones. Su último caso de alto impacto fue el juicio político contra Mario Godoy en febrero. Así, el primer año de la Asamblea deja una gran deuda en fiscalización mientras varios temas urgentes siguen esperando respuestas.