En Radio Novedades de Latacunga, tres ministros explicaron el alcance de la eliminación del subsidio al diésel este 18 de septiembre de 2025. Zaida Rovira, de Gobierno, dijo que fue una decisión dura y que buscó ordenar las cuentas del país. Recordó que por 50 años el Estado gastó entre USD 1.100 y USD 1.400 millones al año en subsidios. Afirmó que gran parte de ese dinero terminó alimentando el contrabando y la minería ilegal. Sostuvo que ahora esos recursos se dirigirían al sector social con controles estrictos. Informó que hasta la fecha se ejecutaron 4.760 operativos para frenar la especulación. Detalló que hubo 19 locales clausurados por irregularidades detectadas. Añadió que 1.800 funcionarios se desplegaron en mercados y carreteras. Según Rovira, los principales golpeados fueron grupos delictivos que se aprovechaban del esquema. Roberto Luque, de Transporte, presentó compensaciones directas para el sector. Indicó que los buses urbanos recibirían entre USD 400 y 700 mensuales. Señaló que el transporte provincial accedería a montos entre USD 1.200 y 1.800. Recalcó que el usuario no pagaría más por el pasaje en esta etapa. Anunció zonas seguras de descanso y recarga eléctrica para transporte pesado. Mencionó incentivos por USD 30 millones y un plan de renovación con créditos de hasta USD 20.000. Precisó que 8.000 transportistas ya se registraron y que los desembolsos se hacían en 24 horas con BanEcuador y Banco del Pacífico. Harold Burbano, de Desarrollo Humano, dijo que el Estado destinaba USD 1.300 millones al bono de la solidaridad. Explicó que este año 55.000 nuevas familias recibirían ayuda con USD 70 millones. Comentó que hay ventanillas de registro social en cada gobernación y que el criterio de ingreso exige un índice de pobreza menor a 30 sobre 100. Los ministros advirtieron que el Gobierno mantendría controles y que quienes bloqueen vías enfrentarían procesos con penas de hasta tres años, mientras Luque elogió la decisión presidencial como valiente.