El presidente Javier Milei ordenó la desclasificación de toda la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar en Argentina. La medida, anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, también contempla el traspaso de los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) al Archivo General de la Nación, encargado de la conservación de documentos históricos. Este paso busca garantizar que la memoria histórica sea preservada y no manipulada políticamente, tal como ocurrió en décadas anteriores. De esta manera, el Gobierno argentino da cumplimiento al Decreto 4 de 2010, que, aunque fue promulgado hace 15 años, nunca fue implementado completamente. Además, la medida busca esclarecer hechos del pasado reciente y hacer justicia a las víctimas de la dictadura.

A su vez, el Gobierno reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el atentado perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974 contra la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. El ataque, que terminó con la vida de Viola y su hija de 3 años, no había sido reconocido como tal hasta ahora, lo que había impedido la reapertura de la investigación. Con este cambio, el Estado argentino busca corregir el error histórico cometido en administraciones anteriores que no habían considerado este caso como parte de los crímenes de lesa humanidad. La medida también incluirá un proyecto de ley para declarar la imprescriptibilidad penal y civil de estos crímenes, en busca de justicia para las víctimas de la dictadura.