El miércoles 26 de febrero, la ministra Inés Manzano confirma las intenciones de concesionar el campo petrolero Sacha, el más rico y rentable del Ecuador. Cuatro horas después, la gerenta de Petroecuador renunció, ya que nadie quiere estar relacionado con lo que podría ser el robo más grande de la historia del Ecuador.

El campo Sacha es considerado como uno de los más valiosos activos del Estado ecuatoriano. Aporta en estos momentos con el 16% de la producción petrolera nacional, que es de 474.200 barriles diarios.

En síntesis, con la concesión, la empresa Amodaimi Oil Company S.L. se quedaría con el 87,5% de la producción y el Estado recibiría el 12,5% si el precio del barril de petróleo no sobrepasa los $62. Con el modelo vigente, el Estado recibe el 100% del valor de la producción, aproximadamente 1.742 millones de dólares anuales.

La empresa ofrece un bono de $1.500 millones con el inicio de su contratación, monto que podría ser recuperado en uno o dos años. Además, la empresa invertiría otros $1.700 millones en un lapso de 20 años, lo que equivale a menos del 5% de la producción total del campo. Un negocio redondo para los inversionistas y una pérdida desastrosa para el Estado.

Si se concreta la concesión del campo petrolero Sacha, el Estado ecuatoriano perdería aproximadamente 1.524,25 millones de dólares anuales en ingresos por producción petrolera. A largo plazo, esta pérdida se acumularía de manera significativa, alcanzando 7.621,25 millones de dólares en 5 años, 15.242,5 millones en 10 años y una cifra alarmante de 30.485 millones en 20 años.

El interés de la compañía Amodaimi Oil Company S.L. se debe a que el campo petrolero, con reservas probadas, probables y posibles, tiene la capacidad de generar $14.941 millones, según un informe de la consultora internacional Netherland, Sewell & Associates, Inc., entregado a Petroecuador en el año 2022.