El Gobierno anunció una reforma legal tras el fallo de la Corte sobre concesiones eléctricas. El Ministerio de Energía informó la noche del 10 de enero de 2026 que impulsaría cambios al marco del sector. La propuesta buscó aclarar en qué condiciones el Estado puede delegar proyectos a privados de forma excepcional. La Cartera dijo que el trámite sería ágil y eficaz. También ofreció una reforma estructural del marco normativo y regulatorio eléctrico. Ese ajuste apuntó a planificación, transparencia, calidad del servicio e inversión responsable. Además incluyó metas para la transición energética del país. En un comunicado, el Ministerio remarcó que la sentencia no impidió proyectos ni tocó concesiones vigentes. Según la entidad, la decisión aplicó hacia el futuro y no anuló delegaciones anteriores. Se garantizó la continuidad del servicio y la protección de inversiones en curso. La autoridad aseguró acompañamiento y control estatal permanentes. El Ministerio recordó que los autogeneradores siguen como actores válidos para autoconsumo con excedentes regulados. El fallo de la Corte, emitido el 11 de diciembre de 2025, tumbó una norma por ser demasiado amplia en el “interés público”. El presidente Daniel Noboa reaccionó con dureza frente al dictamen. Dijo que la decisión era cálculo político y que negaba empleo, energía y estabilidad a las familias. Añadió que actuará dentro de la ley para asegurar el suministro. “Mi deber es garantizar energía, trabajo y futuro para millones de ecuatorianos”, escribió en X. Expertos constitucionales consultados mostraron criterios divididos sobre el alcance real. Unos sostuvieron que la Ley de Competitividad Energética de 2024 permite la participación privada con excepcionalidad y límites. Otros advirtieron que la sentencia también tocaría esa ley y pondría en duda nuevas delegaciones.