En medio de tensiones internas, la presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, lanzó fuertes acusaciones contra lo que considera una estrategia para dividir al movimiento. En una carta difundida el 10 de agosto, afirmó que directores y dirigentes de la RC estarían recibiendo ofrecimientos de cargos, negocios y dinero para alejarse de la organización. Señaló que cinco legisladores —Mónica Salazar, Sergio Peña, David Arias, Jhajira Urresta y Carlos Vargas— fueron “comprados” pese a haber llegado al Parlamento con votos correístas. No mencionó, sin embargo, la expulsión de Santiago Díaz, acusado de violación. González sostuvo que la RC es el único partido que se ha declarado frontalmente en oposición al “gobierno ilegítimo” de Daniel Noboa y acusó a medios de comunicación de servir a “los oligarcas”. En su pronunciamiento, convocó a militantes y simpatizantes a realizar asambleas en cada parroquia, cantón y provincia como respuesta a lo que interpreta como un intento de silenciar a su bancada en la Asamblea Nacional. La carta no abordó directamente la misiva enviada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y varios prefectos a Rafael Correa para pedir una reunión y cuestionar la actual dirección del movimiento, un tema pendiente que podría definir el rumbo político de la RC de cara a los próximos comicios seccionales. González insistió en que, aunque existan diferencias internas, “no podrán detener la utopía” que une a sus bases.