Un informe técnico del IESS encendió las alarmas sobre la nueva Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia. El documento advierte que permitir al Biess endeudarse o vender su cartera expone al banco a riesgos fuertes. Según el reporte, el Biess no tendría capacidad de pago para asumir deudas adicionales sin tocar los fondos de afiliados y jubilados. La Asamblea Nacional aprobó la iniciativa del presidente Daniel Noboa el 26 de septiembre de 2025 con 77 votos. Antes de la reforma, el Biess invertía en préstamos para afiliados y en papeles de bajo riesgo del Estado o del mercado.

Con la reforma, el banco podrá pedir préstamos a entidades locales o internacionales para obtener liquidez. También se habilitan operaciones de reporto y la venta de parte de la cartera hipotecaria o quirografaria. El IESS recuerda que estas maniobras nunca se habían hecho en la entidad y requieren control técnico estricto. En un reporto, el banco entrega un bono y se compromete a recomprarlo en pocos días para conseguir dinero rápido. Si esos bonos pierden valor por un salto del riesgo país, el prestamista puede exigir más garantías o un pago anticipado. Ese llamado se conoce como margin call y puede golpear la liquidez del Biess. El informe subraya que el flujo de caja del IESS está en déficit desde 2014. Por ese motivo el IESS ha pedido al Biess desinversiones para cubrir salud y pensiones. Para 2025 se presupuestó una transferencia de USD 1.569 millones principalmente para pensiones. Si el Biess asume deuda sin ingresos nuevos, al vencimiento deberá cubrir capital, intereses y su propio faltante.

El documento señala que el banco tendría que asegurar liquidez puntual para responder en los plazos pactados. La evaluación indica que hoy esa capacidad de pago sería insuficiente y pondría en riesgo los ahorros de los asegurados. Además se alerta que el Biess carece de una tesorería con operación de core bancario para manejar estos riesgos. El informe pedía definir para qué se usaría la nueva liquidez y advertía sobre compras de más bonos del Estado. La ley aprobada no fijó ese destino, lo que deja margen a decisiones discrecionales y a mayor exposición al Gobierno deudor, según Henry Llanes.